Noticias

2018-07-19

CONTRATOS ESTATALES DE RÉGIMEN PRIVADO

No les aplica la limitación del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Los contratos del Estado que se rigen por las normas del derecho privado, no les aplica la regla establecida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, razón por la cual los mismos podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente estipulado.
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2018-07-18

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Principio de primacía de la realidad.

Conozca la sentencia unificación en la que se desarrolla la línea jurisprudencial trazada en materia de protección de los derechos laborales de personas que hayan trabajado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, en los casos en que tal vinculación se configura en realidad en un contrato de trabajo. De igual modo, en la providencia se indican los lineamientos de protección reforzada de personas en una situación de vulnerabilidad por causa de una incapacidad laboral permanente.
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2018-07-17

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

Las reclamaciones no pueden hacerse independiente del acta de liquidación.

No es posible reclamar los daños producidos por la suspensión de un contrato estatal de manera independiente a la liquidación bilateral del mismo. En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado reiterando que una vez el contrato se liquida por mutuo acuerdo, el documento en el que consta la misma no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribe, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o se deje expresa constancia de la existencia de salvedades o discrepancias respecto del cruce de cuentas que allí se consigna.
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2018-07-16

AMIGABLE COMPOSICIÓN

En materia de contratación estatal.

Las decisiones que adopte el amigable componedor con ocasión a las controversias contractuales, no requieren pronunciamiento posterior ni ratificación alguna por parte de la entidad estatal o del contratistas para su obligatoriedad; salvo que las partes o una de ellas considere que tal decisión está viciada de nulidad por no cumplir con los requisitos de existencia o validez de los actos, lo cual conllevaría necesariamente en acudir ante el juez del contrato para que se pronuncie sobre la legalidad de la actuación, máxime si se tiene en cuenta que las entidades públicas tienen la obligación de velar por la legalidad de sus actuaciones y abstenerse de actuar contra legem.
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